ADMINISTRACIÓN GRAL DEL ESTADO NACIONAL
Aunque el titular asusta , lo cierto que el desarrollo de la noticia promete
La Administración se veía venir lo que ya está ocurriendo. En abril de 2018, hace exactamente un año, la ex secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados ante la oleada de demandas que se avecinaban por parte de trabajadores temporales e interinos a cuenta del acuerdo firmado por los sindicatos de la función pública y el Gobierno para estabilizar unas 350.000 plazas en la Administración.
No escondía ya entonces que miles de personas se estaban poniendo en manos de despachos de abogados al entender que por los años que llevaban trabajando en la Administración pública tenían que tener un proceso diferente, un proceso que reconociera su antigüedad, en lugar de tener que concurrir a un proceso de concurso-oposición para competir con otros opositores en igualdad de condiciones y exponerse a quedarse sin empleo definitivamente en muchos casos con más de 45 años.
Por aquel entonces, la principal batalla la daba (al menos en el plano mediático) la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL). Sin embargo, un año después, siendo su diagnóstico cierto, han cambiado dos cosas: en efecto ya se ha iniciado un proceso masivo de demandas –una vez que va venciendo el plazo de seis meses para que la Administración rectifique antes de la interposición de un contencioso-administrativo–, pero de la mano de nuevos despachos dispuestos a llevar la batalla hasta al final. Y lo más importante, ya no solo se demanda un proceso de selección basado en los méritos, ya se ha superado el debate de las indemnizaciones sí o no a los interinos, laborales o funcionarios; nuevas sentencias, entre ellas del Tribunal Supremo, les han dado alas para pedir directamente su conversión directa en fijos al considerar que se encuentran en una situación de fraude de Ley.
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